Para poder comprender este
tema debemos tener en cuenta dos organizaciones muy importantes encargadas de
supervisar la inversión y fiscalizar el ambiente:
Primero tenemos al Osinergmin que es la institución pública que
supervisa que las empresas formales eléctricas y de hidrocarburos brinden un
servicio permanente, seguro y de calidad, y que las empresas mineras realicen
sus actividades de manera segura. Cuyá misión es regular y supervisar los
sectores de energía y minería con autonomía y transparencia para generar
confianza a la inversión y proteger a la población.
Segundo esta el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico
especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la
fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre la
inversión privada en actividades extractivas y la protección ambiental. El OEFA
es, además, el ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (Sinefa).
El OEFA se
creó en el año 2008 mediante Decreto Legislativo N° 1013 – Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente, e inició sus actividades de fiscalización ambiental directa en el año
2010.
La
fiscalización ambiental que desarrolla el OEFA es un macroproceso integrado por
las siguientes funciones:
·
La función evaluadora: comprende
la vigilancia y monitoreo de la calidad del ambiente y sus componentes (v. gr. agua,
aire, suelo, flora y fauna). Además, implica la identificación de pasivos
ambientales del Subsector Hidrocarburos.
·
La función de supervisión
directa: contempla
la verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables.
Asimismo, comprende la facultad de dictar medidas preventivas, mandatos de
carácter particular y requerimientos de actualización de instrumentos de
gestión ambiental.
·
La función de fiscalización
y sanción: comprende la investigación de la comisión de posibles infracciones
administrativas, y la imposición de sanciones, medidas cautelares y
correctivas.
·
La función de aplicación de
incentivos: mediante la cual se administra el Registro de Buenas Prácticas
Ambientales y se otorgan incentivos para promover el sobrecumplimiento de la
normativa ambiental.
En el Perú cuando se habla
de proyectos mineros y de las empresas mineras se habla inmediatamente de su
contribución en puntos adicionales al PBI, en millones de dólares en
exportaciones, en tributación o en compras a las empresas nacionales, se piensa
en las regalías que dejará, cuanto trabajo dará, etc. Pero ¿Quiénes son los
dueños de estos centros mineros? Acaso no son los grandes señores de las
finanzas y de las guerras, las grandes transnacionales dueñas del mundo
corporativo, acaso no son éstas las organizaciones mercenarias de la oligarquía
y del capital financiero, éstos son los bien llamados creadores de la
mundialización de la pobreza; pues sí, ellos son los que pululan en estas
tierras, son los amos del mundo cuyo objetivo principal -su razón de ser- es el
obtener el mayor número de beneficios económicos posibles a costa de lo que
sea, llámese daños al ser humano, daños a la biosfera, daños a los animales,
etc. Una muestra significativa de que a estos amos del mundo sólo les importa
acumular más dinero es lo que están haciendo en el Perú como consecuencia de la
explotación de recursos no renovables y los incontables daños secundarios que
estos ocasionan. La minería es responsable de gran cantidad de daños
irreparables al medio ambiente acelerando así el calentamiento global.
Y es que si bien es de gran
importancia la inversión que representan estas grandes empresas en nuestro
país, no es eso lo que genera malestar entre nuestros compatriotas , sino es
que el estado y estas organizaciones que se supone están para proteger a la
población y al medio ambiente no cumplan sus funciones de manera correcta y es
que no se le quiere quitar el mérito por sus buenas acciones pero se quiere
resaltar que aún queda mucho camino por recoger para que en nuestro gobierno no
haga caso omiso a las quejas de la población y a sus protestas sociales pues
nadie se queja o reclama por nada , y es que se supone que el estado debe
proteger los derechos de su población frente a todo.
Casos particulares que se
nos da a conocer son:
·
Tía María en Arequipa
A solo unos meses de haber terminado el primer
conflicto, está el proyecto Tía María en Arequipa. La población se sublevó tras la
aprobación por parte del Ministerio de Energía y Minas del nuevo Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) que avalaba a la empresa Southern Copper para realizar sus actividades
extractivas.
Tanto el presidente Ollanta Humala, como el ministro
de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, aseguraron que la empresa Southern
Copper levantó las 138
recomendaciones que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (Unops) elaboró en 2011 al primer estudio, a pedido del Minem.
Pero la desconfianza de la población también era por
las multas que tenía la empresa, las cuales ascendía a más de 500 mil soles, y
una demanda de amparo en contra del Aporte Por Regulación (APR), el cual sirve para una fiscalización ambiental.
Este conflicto socioambiental donde la población de
distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia protestó contra
el proyecto Tía María dejó de saldo un muerto y más de 150 heridos.
Por otro lado, el Presidente de Consejo de Ministro,
Pedro Cateriano resaltó que el proyecto minero de Tía María representa una inversión de US$1,400 millones
y US$90 millones por concepto de canon anual.
·
Yanacocha en Cajamarca
Si bien la empresa aseguró que los pobladores se
negaban a dialogar, Máxima Acuña, y su familia denunciaba que los métodos que la minera usaba era mediante la fuerza y
hostilización a la población.
Cabe recordar que esta empresa paralizó sus actividades en el 2006 porque la
población realizó un paro debido a la contaminación de sus cultivos agrícolas,
y contaminación de las lagunas más cercanas, que abastecían a la población, y a
sus animales (ganadería). La producción
desde ese año ha bajado notablemente, por lo que la empresa quería
volver a realizar sus actividades.
